Yo creo que este Proyecto es importante, creo que marca un hito, plantea una utopía. La utopía: la posibilidad de que el mal del clientelismo, la enfermedad del clientelismo pueda ser controlada a través de las tecnologías de la información.
Afirmaciones de este tipo en los últimos años hemos escuchado. Las tecnologías de la información como el remedio para montones de problemas, la participación ciudadana, la transparencia de la información, la optimización de procesos.
Por supuesto que una Ley por más Ley que sea, que necesita después su reglamentación y su aplicación, no va automáticamente a solucionar el problema pero, por lo menos, queda planteada la cuestión, queda planteada la necesidad y esta va a estar la Ley como orden, como norma de que alguna vez se va a tener que cumplir.
Y digo esto porque, no es solamente un problema de este Gobierno o de este Estado, no del Gobierno sino del Estado, porque el problema del clientelismo es transversal a casi todos los gobiernos de todos los sistemas y de todo el planeta pero sí que vale la pena intentarlo.
Sabemos que existe, como decía el diputado preopinante, el problema del desocupado profesional, esto parece un oxímoron, un desocupado pero es profesional, o sea, su profesión es ser desocupado y buscar sus redes, sus lobbiesy conseguir beneficios que es en detrimento de otros que no los reciben.
Bueno, pero no toda la culpa es de ese tipo de personas sino también quienes se lo permiten. Y si bien cada ente tiene su base de datos sabemos que existen superposiciones y omisiones. Los criterios de elegibilidad, o sea, quiénes entran en un programa o no entran suelen ser arbitrarios, injustos porque de repente un persona que es joven, una mujer que no está embarazada o que no cumple las condiciones, probablemente también tiene una situación de emergencia y no es elegible.
Bueno, entonces, tenemos la utopía de que un sistema como este ayude a mejorar, ir mejorando, paulatinamente, en la medida en que se aplique pero, además, esté como una luz, como un faro indicando el problema.
Existen ineficiencias en la administración de los programas sociales y en los programas de asistencia, existen ineficiencias y esas ineficiencias, a la larga, tratemos de corregirlas.
Pero no solamente se trata del tema de las superposiciones que eso uno, digamos, sería un tema achacable a la demanda. Hay muchos problemas en la oferta -como ya decíamos recién-y también problemas de gestión porque hoy ¿cómo son los casos? Se toma un caso, puede ser una persona, una familia y dice: esta persona necesita algo, un subsidio, una vivienda, un programa y bueno se lo da y listo, ya está. No hay un seguimiento, no hay un criterio de tomar a la gente, al usuario, a la persona, la familia o el ente puede ser, por ahí, también hasta puede ser una ONG, un programa social y no se sigue el tema, o sea, ¿por qué pidió la colaboración o el programa?, ¿cómo fue?, ¿tuvo éxito?, ¿se estancó?, ¿se solucionó? Si se solucionó habrá que terminar, o sea, habrá que aplaudir, terminar con la ayuda. Sin embargo, eso no ocurre, no hay un control del ciclo de vida de un programa.Entonces, esta propuesta tiende a cubrir todos esos temas. O sea, a que exista en el Estado una herramienta de gestión y que le va a servir tanto a los entes, y aclaremos que los entes no van a perder autonomía por esto. Acá no se está planteando que cadaente cambie y se adapte a un sistema que pondrá la OPTIC o el Ministerio de Desarrollo; el Ministerio de Desarrollo Social es el ente de aplicación pero lo va a hacer, seguramente, en coordinación con la OPTIC, que tiene la capacidad de almacenamiento, procesamiento de la información y desarrollo del sistema. Pero no se le va a pedir a nadie que cambie su sistema sino, simplemente, que lo continúe, quizá que lo mejore porque se le va a indicar, por ejemplo, que faltaría algún dato antropológico, sociológico o sanitario para tener datos más completos.
Lo que se va a crear es una capa de transacciones, de procesamiento de información que permita trazar planes y controlar, lo que se dice en la jerga un tablero de control que podrá estar, obviamente, a disposición de las autoridades de Desarrollo Social pero también del Poder Ejecutivo y del gobernador.
Y, por supuesto, una Ley de la Provincia solamente puede implicar a los entes de la Provincia pero corresponde pedir la adhesión a entes municipales y entes nacionales que también operan sobre el territorio.
Por eso, la Ley establece que hay ciento ochenta días para la publicación, para la reglamentación, perdón, y que los entes tendrán otros noventa días para implementar, o sea que se da tiempo suficiente para, si hay voluntad política de aplicarla, que esperamos que la haya y suponemos que sí, que la va a haber y, como decía, esto no va a solucionar estos problemas que hemos planteado los miembros informantes pero sí pone un marco de referencia para lograrla y le plantea un desafío al Poder Ejecutivo, una construcción que si se hace bien va a mejorar la eficiencia de los programas de asistencia social y de colaboración con la población.
Muchas gracias.